Mérida, Yucatán. - Un grupo de individuos estafados en la adquisición de automóviles se reunió este lunes en el Palacio de Gobierno para exigir justicia a las autoridades estatales. Los afectados sospechan que un funcionario del gobierno estatal podría estar implicado en esta red de fraudes, que podría clasificarse como "crimen organizado".
Los estafados pidieron que se realice una indagación exhaustiva para identificar a los involucrados en este entramado delictivo. Señalan que, aunque ha sido detenida una mujer llamada Liany Nery P. A., ella no actúa sola y hay un equipo que se encarga de falsificar documentos y facilitar la transacción de dinero.
Particularmente, mencionan la entrega de automóviles en un domicilio ubicado en la colonia Residencial Pensiones, que está relacionado con Gustavo Alonso Castillo Jiménez y su padre, Gustavo Castillo Aranda, quienes se encuentran en la Contraloría General del Estado. Los afectados exigen que las autoridades investiguen cualquier posible vinculación de estos individuos con las estafas.
Durante la jornada, alrededor de diez personas acudieron al Palacio de Gobierno para reunirse con Miguel Trujillo Ortiz, subsecretario de Prevención y Reinserción Social. Expresaron su deseo de obtener justicia, ya que el delito de estafa no es considerado grave y la detenida podría recuperar su libertad pronto, lo que genera mayor preocupación entre los defraudados.
Liany Nery enfrenta al menos 60 denuncias penales, y aunque fue arrestada en Campeche, aún existen muchas investigaciones pendientes. Los testimonios de los afectados reflejan la urgencia de resolver este asunto y prevenir que más personas caigan en fraudes similares.
