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Alcalde de Tequila, Jalisco, arrestado por extorsión y CJNG

Detención del alcalde de Tequila, Jalisco, por extorsión y vínculos con CJNG muestra un avance en lucha contra la corrupción.

La captura de Diego Rivera Navarro y funcionarios señala un golpe a la corrupción y la extorsión en el municipio.
El alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro / Foto: Especial

Tequila, Jalisco. - El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue detenido por autoridades federales bajo cargos de extorsión y conexión con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La operación se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la corrupción, anunciada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura de Rivera Navarro, de Morena, ocurrió en un operativo coordinado que involucró a varias dependencias, incluyendo la Secretaría de Defensa y la Fiscalía General de la República. Este seguimiento se ejecutó después de diversas denuncias ciudadanas y forma parte de la Operación Enjambre, que también resultó en la detención de otros tres presidentes municipales en el Estado de México.

Los funcionarios municipales detenidos incluyen al Director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa, y al Director de Obras Públicas, Isaac Carbajal Villaseñor. Se investiga que estos servidores públicos estaban implicados en actividades de extorsión a empresas de la región, especialmente del sector cervecero y tequilero.

Las autoridades federales han señalado que Rivera Navarro lideraba una red de corrupción que manipulaba recursos del ayuntamiento. En particular, se han documentado esquemas de extorsión y el desvío de fondos públicos. En mayo de 2025, Rivera fue citado a declarar por la presentación de un evento musical que incluyó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del CJNG.

La detención de estos funcionarios representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en México y plantea la expectativa de nuevas acciones legales en el ámbito local. Las autoridades continuarán investigando otros posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.

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