Chihuahua, Chihuahua. - El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Chihuahua manifestó su preocupación durante la primera sesión ordinaria de 2026, donde se discutió una resolución de un Tribunal Colegiado Federal que restringe la fiscalización de recursos públicos. Este enfoque plantea un riesgo para la supervisión local.
En la reunión, el Comité revisó una resolución que determina que las autoridades federales son las únicas responsables de manejar irregularidades en recursos federalizados. Esta interpretación podría tener un impacto negativo en la capacidad de las instancias locales para fiscalizar y sancionar el uso de recursos públicos.
Los miembros del Comité resaltaron que esta decisión ha confundido el régimen de las aportaciones y participaciones federales. Los recursos en cuestión, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, deben ser de libre disposición para las entidades federativas y municipios, lo que sugiere que su manejo debe ser evaluado a nivel local.
El Comité destacó que el criterio del tribunal federal representa un precedente peligroso que podría ser invocado en futuros casos, debilitando la efectividad no solo del SEA, sino del Sistema Nacional de Fiscalización en su conjunto. Esta situación se agrava en estados que dependen significativamente de recursos federalizados.
Consciente de los posibles efectos adversos, el Comité Coordinador decidió llevar a cabo un análisis técnico y jurídico detallado de la resolución. Su meta es desarrollar una posición conjunta que defienda las competencias estatales y asegure que las autoridades mantengan su papel en la lucha contra la corrupción.
