Mérida, Yucatán. - En Yucatán, más del 55% de las cárceles municipales operan en condiciones inadecuadas, según la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Marilú Méndez. Este deterioro representa una violación a la dignidad de las personas privadas de libertad y ha llevado a la institución a realizar llamados formales a los ayuntamientos para que se aborden estas deficiencias.
La entidad cuenta con 106 municipios, muchos de los cuales tienen instalaciones de detención que enfrentan problemas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones que vulneran derechos básicos. Este alarmante panorama ha impulsado a la Codhey a trabajar directamentemente con las autoridades locales para revertir la situación.
Marilú Méndez indicó que la Comisión está realizando supervisiones regulares en diversas cárceles, incluyendo las de Mérida, para evaluar las condiciones físicas y operativas. Las autoridades buscan garantizar que estos espacios no se conviertan en lugares de castigo degradantes y que cumplan su función legal sin atentar contra la integridad de los detenidos.
Algunos alcaldes han solicitado asesoría a la Codhey para mejorar sus instalaciones y asegurar que las detenciones se realicen de acuerdo con los estándares de derechos humanos. Este esfuerzo es parte de un cambio más amplio dentro de la Codhey, que busca fortalecer su papel y su cercanía con la ciudadanía.
El desafío radica en transformar estas instalaciones de reclusión, que actualmente muestran signos de abandono, en espacios legales que respeten la dignidad humana. Marilú Méndez enfatiza la importancia de crear un entorno que no solo detenga a los individuos, sino que también los trate con respeto y consideración.
