Hoctún, Yucatán. - Las clausuras ambientales en Yucatán se dispararon un 200% en los primeros cinco meses de 2026. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 24 acciones punitivas, advirtiendo el incremento en la violación de normativas ambientales, particularmente en operaciones agropecuarias.
Los operativos se han intensificado ante la generalización de desmontes ilegales y el uso persistente de agroquímicos prohibidos. A pesar de las sanciones económicas y las denuncias penales acumuladas, los problemas en el uso de la tierra y la salud del acuífero se amplían, lo que genera preocupación entre ambientalistas y comunidades locales respecto a la eficacia de estas medidas.
Salvador Castell González, reconocido biólogo, destaca que el monocultivo intensivo perjudica la biodiversidad y la salud del suelo. Menciona que los ecosistemas pueden tardar entre 20 y 50 años en recuperarse de este daño sin intervención adecuada, lo que refuerza la necesidad de un seguimiento efectivo de las normativas aplicadas.
Además, los agroquímicos, en especial el insecticida fipronil, prohíben su uso debido a su impacto negativo en polinizadores. A pesar de esto, se han documentado usos ilegales en la agroindustria de la región. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEC) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han iniciado un proyecto para ampliar restricciones, pero el proceso aún no concluye.
El desmonte ilegal a menudo se adelanta a la aprobación formal del cambio de uso de suelo, lo que deja a la Profepa sin opciones reales para prevenir el daño ambiental. Las clausuras, en muchos casos, terminan como un mero costo de operación para las empresas, subrayando la urgencia de una reforma más efectiva que garantice la restauración y protección del medio ambiente en Yucatán.
