Chihuahua, Estado. - El gasoducto El Encino-Topolobampo ha marcado más de una década de luchas entre comunidades indígenas en Chihuahua. La construcción del proyecto, que inició en 2014, ha generado críticas por la falta de consulta adecuada y ha dividido a las comunidades rarámuri, afectando su entorno y organización social.
Las obras del gasoducto, con una longitud de 524 kilómetros, fueron aprobadas por el gobierno federal en 2012. Sin embargo, las comunidades afectadas no recibieron la información necesaria sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto. La empresa TransCanada Corporation, encargada de la construcción, llevó a cabo simulaciones de consulta con un enfoque más en la promoción de beneficios que en la información objetiva de riesgos.
Líderes comunitarios, como Todos los Santos Villalobos Vigil, han denunciado la falta de comunicación y los intentos de soborno a los líderes tradicionales. A pesar de las promesas de desarrollo y compensaciones económicas ofrecidas a algunos ejidatarios, muchas comunidades se sintieron excluidas del proceso y los beneficios, lo que incrementó la desconfianza y profundizó las divisiones en sus estructuras sociales.
Desde su inicio, el gasoducto ha tenido un costo de aproximadamente 24 mil millones de pesos, transportando gas fósil desde Texas hacia el Golfo de California. A medida que las quejas surgieron por la ausencia de un proceso de consulta genuina, las autoridades federales comenzaron a acercarse a las comunidades en 2015, momento en que la maquinaria pesada ya dañaba sus recursos naturales.
Aún no se vislumbran soluciones que unan a las comunidades. La falta de confianza persistente, sumada a las tensiones generadas por el proyecto del gasoducto, hace necesario un reevaluación de las prácticas de consulta y un compromiso genuino por parte del gobierno y las empresas involucradas.
