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Congreso de Sinaloa aprueba propuesta de nueva Ley de Transparencia

El Congreso de Sinaloa avanza con la propuesta del gobernador para la nueva Ley de Transparencia, desechando una iniciativa ciudadana.

La iniciativa ciudadana es desechada y se prioriza la del gobernador Rocha.
Diputadas y diputados durante la sesión en la que se dio primera lectura a la iniciativa de nueva Ley de Transparencia en Sinaloa.IMAGEN: CORTESÍA / Foto: Especial

Culiacán, Sinaloa. - El Congreso del Estado de Sinaloa desechó una iniciativa ciudadana sobre la Ley de Transparencia y avanzó con la propuesta del gobernador Rubén Rocha Moya. Esta decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial tras la sesión sobre los acuerdos de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior.

La iniciativa propuesta por ciudadanos no fue considerada adecuada en el nuevo marco constitucional. Por el contrario, la propuesta del gobernador fue analizada por primera vez el 21 de abril, después de haber sido presentada al Legislativo desde el 16 de abril, y se hizo pública en la plataforma oficial del Congreso.

Activistas y el Sistema Estatal Anticorrupción han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso legislativo. La iniciativa del Ejecutivo ha avanzado sin dar respuestas a solicitudes de audiencia que buscaban asegurar el respeto al derecho de acceso a la información. Para estas organizaciones, el debate va más allá de qué ley se aprueba; se centra en el proceso de construcción de la misma.

La actual ley en Sinaloa contempla un organismo autónomo, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP). No obstante, el 18 de diciembre pasado, el Congreso aprobó la extinción de este ente. La propuesta de Rocha implica que las funciones de la CEAIP se transfieran a órganos internos de control de los poderes públicos, generando un cambio significativo en el modelo de vigilancia sobre la transparencia.

Desde el 24 de febrero, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción solicitó abrir espacios para un parlamento abierto y foros regionales, con el fin de asegurar que la nueva normativa no replicara la legislación federal sin adaptaciones al contexto local. Sin embargo, estas solicitudes no se han cumplido, y la legislación ha avanzado sin la participación prometida.

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