Mérida, Yucatán. - La Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado aprobó un dictamen para reformar el Código Penal en Yucatán, con el objetivo de mejorar la reparación del daño por incumplimiento de obligaciones alimentarias. Este cambio responde a la necesidad de brindar mayor protección a niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.
La propuesta, apoyada por los legisladores de Morena, amplía la responsabilidad de quienes incumplen con sus obligaciones de asistencia familiar. Se busca que la reparación no se limite únicamente a las pensiones alimenticias vencidas, permitiendo a la autoridad judicial actuar con mayor autoridad para garantizar la restitución de derechos afectados por dicho incumplimiento.
El nuevo enfoque establece que los jueces tendrán que considerar los gastos y deudas contraídas por los acreedores alimentarios durante el tiempo de incumplimiento. Esta consideración es crucial para reflejar el impacto financiero sobre aquellos que dependen de estas pensiones para su subsistencia.
Además, se añade que los gastos por asesoría legal privada también podrán incluirse en la reparación del daño, siempre que sean demostrables ante la autoridad judicial. Esta medida reconoce que muchas veces las personas afectadas necesitan recurrir a servicios legales para exigir el pago de pensiones, añadiendo una carga económica que ahora se busca compensar.
En otras decisiones, la Comisión de Igualdad de Género también aprobó cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bajo un enfoque más amplio y comprensivo hacia las diversas realidades que enfrentan las mujeres.
