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Custodio del año en Edomex acusado de extorsión y corrupción

La detención de un custodio destacado en Edomex revela una red de corrupción y extorsión en el sistema penitenciario estatal.

La detención de Roberto Alejandro Goy Garnica destapa una red de corrupción en el sistema penitenciario del Estado de México.
Foto: Especial

Toluca, Estado de México. - La detención de Roberto Alejandro Goy Garnica, reconocido en 2023 como "Mejor Custodio del Año", ha generado una profunda conmoción en el sistema penitenciario del Estado de México. El 22 de enero de 2026, fue arrestado por la Guardia Nacional ante graves acusaciones de encabezar una red de extorsión.

Investigaciones indican que Goy Garnica lideraba un grupo integrado por más de diez agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, incluyendo altos mandos. Esta red también contaba con la participación de civiles externos, conocidos como "madrinas", quienes supuestamente operaban al margen de la ley. Las denuncias internas han puesto en evidencia un entorno de corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad.

El perfil del detenido contrasta con su reconocimiento oficial como Coordinador del Grupo Táctico Penitenciario. Desde 2021, sus subalternos ya habían presentado denuncias contra él por acoso, venta de plazas y despidos injustificados. Las acusaciones sugieren un patrón de irregularidades y protección dentro del sistema, lo que genera preocupación sobre la gestión operativa en las prisiones mexiquenses.

Se han mencionado también figuras políticas como Jaime Echartea Mojica, exdirector de Prevención y Reinserción Social, quien se encuentra actualmente en otra posición dentro del gobierno. Su vinculación con prácticas irregulares y su relación con autoridades exponen la dificultad de erradicar la corrupción en el sistema. Historias de abusos y complicidades han marcado su trayectoria en los penales de la región.

La detención de Goy Garnica plantea interrogantes sobre los controles y supervisiones en el sistema penitenciario. Si bien la investigación sigue en marcha, este caso resalta la necesidad de una profunda revisión de los procesos y prácticas que rigen a quienes deben velar por la seguridad en el Estado de México. La respuesta gubernamental a estos problemas será crucial para determinar el futuro de un sistema que diuidades severas.

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