Mérida, Yucatán. - La Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) presentó un informe que documenta la desigualdad en el trato a las protestas en Yucatán, señalando vigilancia excesiva y uso desproporcionado de la fuerza contra movilizaciones feministas y de pueblos originarios.
El informe, liderado por la presidenta María Guadalupe Méndez Correa, destaca que las autoridades han implementado prácticas que limitan el derecho a la protesta. Estas incluyen una fuerte presencia policial y el uso de dispositivos de contención que afectan el ejercicio de libertades fundamentales.
Particular atención se otorga a las movilizaciones feministas, las cuales han enfrentado obstáculos estructurales que las colocan en una situación desfavorable. La Codhey enfatiza que estas protestas son estigmatizadas, viéndose vinculadas con violencia, lo que desincentiva la participación ciudadana.
El estudio subraya cómo las mujeres, comunidades mayas y defensores de derechos humanos son los más afectados, con reportes de detenciones arbitrarias y procesos de criminalización. Se observa una aplicación desigual de criterios por parte de las autoridades, que varía en función del tipo de manifestación.
Ricardo Neves, oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció la importancia del informe, mencionando que la libertad de reunión pacífica es vital para el ejercicio de derechos fundamentales. El documento concluye con recomendaciones para revisar las normativas y mejorar la capacitación de cuerpos de seguridad.
