Mérida, Yucatán. - La deuda alimentaria se consolida como un grave problema en Yucatán, donde infancias enfrentan carencias debido a la falta de cumplimiento de pensiones. El colectivo Ley Sabina Yucatán, conformado en su mayoría por mujeres, trabaja para transformar la situación de abandono institucional y garantizar derechos.
Este colectivo toma su nombre de una iniciativa nacional que busca sancionar de manera más severa a los deudores alimentarios y visibilizar una problemática que ha sido normalizada. En el ámbito local, la Ley Sabina se convierte en un recurso para denunciar el incumplimiento de obligaciones alimentarias y la deficiente respuesta de las autoridades competentes.
Siloé Fuentes, activista del colectivo, indica que muchos deudores se niegan a pagar, confiando en que las consecuencias legales son mínimas. La aplicación errática de la ley, marcada por la falta de formación en género y derechos de infancia, genera desigualdades. Cuando las mujeres buscan justicia, los trámites pueden tardar más que si fueran hombres, lo que revela sesgos en el sistema judicial.
Actualmente, el colectivo gestiona aproximadamente 30 casos activos, pero esto no refleja la magnitud del problema. En los últimos meses, cerca de 80 madres lograron regularizar sus pensiones alimenticias, aunque este avance es temporal y no soluciona la obligación a largo plazo. La lucha por una justicia plena continúa, ya que el cumplimiento de pensiones se extiende hasta la autonomía económica de los hijos.
Uno de los principales retos del colectivo es la falta de un sistema automatizado para el registro de deudores, lo que retrasa procesos y favorece la impunidad. A pesar de los intentos de diálogo con autoridades, Siloé resalta la necesidad de un compromiso político real para abordar la deuda alimentaria como una cuestión estructural y no meramente económica.
