Tijuana, Baja California. - La deuda pública que corresponde a las obras complementarias de la desaladora de Playas de Rosarito alcanzará cerca de 9 mil 800 millones de pesos. Este compromiso financiero, a liquidarse hasta 2056, será cubierto por los empresarios de Baja California a través del Impuesto Sobre Nómina (ISN).
El Poder Ejecutivo ha solicitado la autorización al Congreso del Estado para contratar un crédito. De los casi 9 mil 800 mdp, aproximadamente 2 mil 960 mdp corresponden al pago de capital, mientras que 6 mil 818 mdp serán para intereses ordinarios. La Secretaría de Hacienda ha establecido que el ISN será la fuente principal para cubrir esta deuda.
Mediante el dictamen 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el gobierno estatal destinará un porcentaje del ISN para el pago de la deuda, aunque no se ha especificado la cantidad exacta. La tasa vigente de este impuesto es del 4.25%, la más alta entre las 32 entidades federativas del país. Esta decisión se ha tomado en el contexto de la negativa del gobierno a bajar esta tasa, a pesar de que el sector empresarial había propuesto reducirla al 3%.
Este gravamen ha tenido consecuencias significativas en Baja California; en 2025, cerca de 9 mil 627 empresas formales cerraron, lo que resultó en la pérdida de 13 mil 399 empleos formales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ahora, los 37 mil 736 patrones registrados en el IMSS en el estado deben estar conscientes de que parte de sus ingresos se destinará al pago de la deuda de la desaladora.
La aprobación de este acuerdo se prevé en el Pleno del Congreso del Estado la próxima semana. Con esta medida, se espera que la infraestructura de la desaladora mejore la disponibilidad de agua en la región, aunque a un costo significativo para las empresas locales.
