Tula, Hidalgo. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo un operativo para restituir la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, intensificando una disputa que ha afectado a la organización y la región durante años. Esta acción responde a una orden judicial y refleja la continúo conflicto entre el grupo de Federico Sarabia y el liderado por Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración.
Desde hace un tiempo, la cooperativa ha estado inmersa en un litigio que ha derivado en enfrentamientos y bloqueos, afectando tanto la producción como la estabilidad social en el área. La restitución de la planta cementera no solo implica un movimiento legal, sino que representa la tensión acumulada entre facciones que han llevado a la cooperativa a un estado de división notable.
Durante la cobertura de este operativo, el reportero Alejandro Torres Castañeda sufrió una agresión por parte de elementos policiacos, lo que añade una capa de preocupación sobre la libertad de prensa en la región. En un video, Torres muestra cómo fue impedido de grabar, siendo agredido y despojado de su equipo en medio del operativo. Este incidente pone de relieve la violencia que rodea a la disputa en la cooperativa.
Mientras tanto, el síndico jurídico de Tulancingo, Pedro Escudero, denunció el desvío de ayuda humanitaria dirigida a familias afectadas por desastres en la región Otomí-Tepehua. A pesar de la entrega de seis toneladas de agua al centro de acopio, Escudero fue informado de que dicha donación había sido trasladada a otra ubicación sin justificar, insinuando una falta de transparencia por parte del gobierno local.
La crisis en la Cooperativa Cruz Azul no parece tener fin, y los eventos recientes sugieren que las tensiones aumentan tanto en el ámbito corporativo como en el social. Las autoridades deberán tomar medidas decisivas para abordar no solo el conflicto interno, sino también la preocupación por la seguridad y el bienestar de la comunidad.
