Tula de Allende, Estado de México. - La madrugada del 12 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevó a cabo una diligencia ministerial de restitución en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul. Este operativo fue autorizado por un juez del Estado de México, lo que generó un enfrentamiento armado dentro de las instalaciones.
Las autoridades locales, incluyendo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), se unieron al operativo para garantizar la seguridad perimetral. Los primeros relatos indican que las detonaciones comenzaron alrededor de las 4:00 horas, reportando ráfagas de armas largas y explosiones que se escucharon en zonas cercanas.
Durante el incidente, la Policía Estatal desplegó un amplio operativo en la región que incluyó a fuerzas antimotines. Los accesos a Ciudad Cooperativa Cruz Azul fueron cerrados, restringiendo el tránsito de vehículos y peatones desde temprano en la mañana. A las 6:00 horas, se observó la llegada de ambulancias al lugar, mientras continuaban las detonaciones esporádicas.
El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Víctor Velázquez, emitió un comunicado sobre el enfrentamiento, mencionando que la planta ha sido "secuestrada" y que se utilizará "justicia" contra quienes causaron disturbios. Velázquez, quien asumió el cargo tras el escándalo financiero anterior, está enfocado en la transparencia y en la recuperación de la cooperativa después de años de inactividad.
La problemática de la Cooperativa Cruz Azul es de larga data. Las investigaciones de 2019 revelaron irregularidades financieras bajo la dirección de Billy Álvarez, quien dejó su puesto tras acusaciones de lavado de dinero. Este conflicto ha llevado a pérdidas significativas y resguardos de la planta por aproximadamente tres años, afectando a cerca de 1,500 trabajadores sin salario.
