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Éxodo de Tuxpan a Tepic: defensa social contra criminalización

Manifestantes de Tuxpan a Tepic exigen el fin de la criminalización de la protesta y apoyo estatal en Nayarit.

Ciudadanos exigen el fin de la persecución judicial y el derecho a la protesta en Nayarit.
Éxodo desde Tuxpan a Tepic: inicia defensa social contra la criminalización de la protesta en Nayarit / Foto: Especial

Tepic, Nayarit. - Un éxodo a pie de más de 90 kilómetros desde Tuxpan hasta Tepic marcó el inicio de una defensa social en rechazo a la criminalización de la protesta. Alrededor de 700 trabajadores y ciudadanos participaron en esta movilización, concluyendo frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

La caminata fue organizada por el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Nayarit (SUTSEM), en respuesta a la vinculación a proceso de cinco trabajadores por su participación en manifestaciones. La protesta se convirtió en una acción colectiva que unió a amplios sectores de la población, reflejando un descontento generalizado.

Óscar Flavio Cedano Saucedo, secretario general del SUTSEM, enfatizó las condiciones extremas del trayecto, donde los participantes enfrentaron el sol, la lluvia y la fatiga. “La dignidad de un pueblo que decidió ponerse de pie fue inquebrantable”, afirmó. Cientos de trabajadores, incluyendo mujeres y adultos mayores, enfrentaron también el riesgo en la carretera ante el paso de vehículos a alta velocidad.

A lo largo del recorrido, los protestantes recibieron apoyo ciudadano, lo que fortaleció su causa. Según Cedano Saucedo, este respaldo fue crucial, con personas ofreciendo agua y comida. Además, la movilización tuvo la compañía de la Guardia Nacional y organismos de derechos humanos, quienes garantizaron que no ocurrieran actos de intimidación directos.

Al llegar a Tepic, el grupo no logró diálogo con funcionarios estatales a pesar de la magnitud de la movilización. Cedano Saucedo lamentó la inacción del gobierno y la falta de respuesta de la fiscalía ante sus demandas. Advirtió que la falta de apoyo estatal a los municipios en crisis podría provocar nuevas manifestaciones si no se atienden las condiciones laborales y sociales.

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