Mérida, Yucatán. - Más de mil 300 familias de las colonias La Guadalupana y Plan de Ayala Sur III, así como integrantes de los ejidos San Antonio Xluch y Nocó, demandan claridad en la regulación de sus predios. Esta situación, que persiste desde hace más de 15 años, afecta a quienes no han podido escriturar sus terrenos por irregularidades atribuidas al Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS).
Los afectados explicaron que han cumplido con los requisitos para ser parte del Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos, sin embargo, los avances para la legalización han sido inexistentes. Actualmente, ocupan cerca de 74 hectáreas sin certeza jurídica sobre su patrimonio, lo que implica un riesgo significativo para su futuro.
Durante una conferencia de prensa, denunciaron a Rafael Chan Castañeda, exservidor público de la extinta Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), por prometer gestiones particulares para la legalización de los terrenos. Aseguran que en 2012 realizaron un pago aproximado de 6 millones de pesos, dinero que no fue registrado debido a deficiencias normativas.
Luis Alberto Cetina Euan, presidente del Comisariado Ejidal de San Antonio Xluch y Nocó, junto con el tesorero Mario Pastor Perera Narváez, acusaron al representante regional del INSUS, Julio Alfonso Ortegón Espadas, de dificultar el avance del expediente y restringir la información sobre el proceso. Aunque se realizaron trabajos topográficos en mayo de 2025, persisten los pasos pendientes para la regularización.
Ante esta problemática, los residentes solicitaron a la dependencia federal que implemente las acciones necesarias para finalizar el procedimiento y aclaren las medidas en contra de Rafael Chan Castañeda. La principal reivindicación de los afectados es obtener las escrituras de sus terrenos para asegurar la certeza patrimonial de sus familias.
