TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas. - Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes interpusieron una denuncia penal contra habitantes de Arriaga y Pijijiapan. Esta acción busca exigir la liberación del derecho de vía ferroviaria y ha sido calificada por ONGs como un acto de criminalización.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la República, señala a ocho personas, incluidas siete mujeres, por el presunto delito de invasión de bienes nacionales. Esto ocurre en un contexto de implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaprojecto que ha suscitado controversias en la región.
El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. condenó la denuncia y alertó sobre un posible patrón de intimidación y desplazamiento forzado, especialmente hacia mujeres. Este organismo aseguró que el uso del derecho penal para resolver conflictos sociales y territoriales es una medida desproporcionada y contraria a los principios del Estado de Derecho.
Además, se enfatizó que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con los derechos humanos establecidos en su Constitución y tratados internacionales. Se han vulnerado derechos fundamentales como el acceso a una vivienda adecuada y la presunción de inocencia.
El Centro Digna Ochoa exigió que se cese la criminalización y persecución penal contra las familias afectadas. También solicitó una revisión exhaustiva de las denuncias y apertura de un diálogo interinstitucional. Igualmente, se pidió la implementación de medidas de protección contra cualquier acto de hostigamiento en el marco de estos conflictos sociales en el sureste del país.
