Veracruz, Veracruz. - El gasoducto Puerta del Sureste, que conectará el gas natural de Texas, Estados Unidos, a Yucatán, enfrenta una batalla legal por parte de pescadores y comunidades indígenas que han denunciado la falta de consulta previa y deficiencias en la regulación ambiental.
Las comunidades afectadas han interpuesto amparos argumentando que la construcción del proyecto ha avanzado sin cumplir con los requisitos de información que garantizan su derecho a participar en decisiones que impactan su territorio. Nora Cabrera, directora de la organización Nuestro Futuro A.C., destacó que la obra se ha gestionado de forma opaca, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona.
Más de 70 mil personas dependen de la pesca en la región, y temen que la infraestructura del gasoducto dañe gravemente los ecosistemas arrecifales, que son esenciales para la reproducción de especies marinas ya amenazadas. Cabrera alertó sobre la necesidad de que el Gobierno de México tome en cuenta las necesidades y demandas de las comunidades antes de que inicie la operación del proyecto en 2025.
Liderado por la compañía canadiense TC Energy, el gasoducto no solo es objeto de cuestionamiento por sus posibles accidentes, sino también por sus implicaciones ambientales a largo plazo. La obra atraviesa áreas de alta biodiversidad marina que están en riesgo de colapso. Además, expertos advierten que el proyecto podría perpetuar el uso de combustibles fósiles en México por tres o cuatro décadas más, contribuyendo al cambio climático.
Ante esta situación, los habitantes locales y organizaciones civiles no solo buscan frenar el gasoducto, sino que también proponen la creación y ampliación de un Área Natural Protegida (ANP) para proteger los arrecifes veracruzanos y asegurar que cualquier futuro proyecto respete la voz de las comunidades que habitan y cuidan el océano.
