Guanajuato, Guanajuato. - Organizaciones civiles como UNNA y Dales Voz critican el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exige a Guanajuato reformar su Código Penal en materia de aborto. Aseguran que esta decisión desalienta la autonomía estatal y reafirma un enfoque centralista.
Paulina Hernández Torruco, vocera de UNNA, argumenta que el plazo de 90 días para que el Congreso estatal realice cambios limita la capacidad de sus diputados para legislar. Esta situación revive un conflicto histórico entre federalistas y centralistas que podría afectar el equilibrio de poderes en México.
Por otro lado, Sandra Pedroza, diputada de Movimiento Ciudadano, defiende la legalidad del fallo, señalando que la SCJN tiene la facultad de determinar la inconstitucionalidad de normas que violan derechos. Pedroza opina que la interpretación de los grupos opositores es una campaña de desinformación y que el poder legislativo debe cumplir con las órdenes de la Corte.
La SCJN notificó al Congreso de Guanajuato sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, que impugna varios artículos del Código Penal estatal que criminalizan el aborto. Esta decisión provoca un diálogo sobre la diversidad cultural y la autonomía que deben tener los estados en el manejo de sus legislaciones.
Pedroza advierte que si Guanajuato elige no reformar su Código Penal, se enfrentarán a consecuencias jurídicas. Además, enfatiza que despenalizar el aborto no significa desproteger a las mujeres, sino, por el contrario, evitar riesgos en salud y perpetuar la violencia hacia ellas.
