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Impugnan cobro de adeudos vehiculares en Baja California

Los cobros por bajas vehiculares en Baja California han aumentado, generando controversia por su inconstitucionalidad.

El cobro por bajas de vehículos superiores a cinco años es considerado inconstitucional, generando controversia.
Abogado fiscalista, Daniel Ruiz de la Peña, / Foto: Especial

Tijuana, Baja California. - En los primeros días de 2026, los trámites de baja de vehículos en Baja California han aumentado drásticamente, con 15 mil 517 solicitudes en solo 18 días. Este aumento del 206% está vinculado al Programa de Baja Definitiva, que exige a los contribuyentes pagar adeudos anteriores para revalidar la tarjeta de circulación de sus automóviles actuales.

Daniel Ruiz de la Peña, abogado fiscalista, cuestiona esta medida al considerarla "inconstitucional". Señala que es inaceptable requerir pagos de bajas de vehículos que no han sido utilizados o registrados en más de cinco años. Este requisito afecta a quienes han vendido, perdido o dado de baja sus vehículos, pero no han cumplido con los trámites correspondientes a tiempo.

Ruiz de la Peña enfatiza que si la autoridad no ha actuado durante ese tiempo, podría haber caducado la facultad de exigir el pago. Los contribuyentes afectados podrían explorar opciones legales, como el amparo. La situación ha generado controversia, ya que las autoridades no han clarificado el fundamento legal para los cobros acumulados por más de cinco años.

Rolando López Lugo, coordinador de Control Vehicular del SAT BC, justifica la medida afirmando que la depuración del padrón vehicular es esencial, advirtiendo que muchos vehículos siguen activos en el registro, generando adeudos por no realizar la baja correspondiente. Los ciudadanos tienen un plazo reducido para regularizar su situación si desean evitar el pago de deudas acumuladas.

A medida que avanza el programa de bajas, la administración estatal espera actualizar su registro vehicular, donde se estima que el 25% de los vehículos, aproximadamente 377 mil, tienen adeudos pendientes. Este proceso busca garantizar que solo los vehículos en propiedad actual mantengan su registro activo, con un impacto financiero significativo para el estado.

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