Chetumal, Quintana Roo. - La denuncia de los colectivos Salvemos Mahahual y DMAS revela serias inconsistencias en las resoluciones del Juzgado Primero de Distrito. Esto plantea un problema significativo en la aplicación de criterios jurídicos y afecta la seguridad jurídica en la región.
A través de diferentes amparos, se observan contradicciones en el tratamiento del Plan de Desarrollo Urbano (PDU). En algunos casos fue considerado un acto administrativo con un plazo de reacción de 15 días, mientras que en otros se le consideró como Ley, resultando en un plazo ampliado de 30 días. Esta disparidad genera confusión y socava la confianza de la población en el sistema judicial.
La comunidad local, que busca proteger su entorno frente a proyectos de gran escala, se ve desprotegida ante estas decisiones contradictorias. Esta situación no solo perjudica la seguridad jurídica, sino que también permite que las normas sean interpretadas de forma discrecional, favoreciendo a intereses empresariales en lugar de resguardar los derechos comunitarios.
La exigencia de los colectivos es clara: el desarrollo debe ser posible, pero debe hacerse bajo normas firmes y con equidad para todos. La necesidad de establecer criterios consistentes en aplicaciones legales se hace urgente en este contexto. La comunidad espera que se implementen soluciones que promuevan la transparencia y la justicia en el proceso.
