Las Cruces, Nuevo México. - La gobernadora Michelle Lujan Grisham firmó la Ley de Seguridad de Inmigrantes, prohibiendo a los gobiernos estatales y locales celebrar o renovar contratos para la detención de inmigrantes por violaciones civiles a las leyes federales. Esta normativa limita la apertura de nuevas instalaciones de ICE y afecta las ya existentes.
La legislación se implementa en el contexto de un creciente debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. Al evitar la celebración de nuevos contratos, se busca promover el respeto a los derechos humanos y prevenir abusos en los centros de detención. Uno de los lugares que podría verse impactado es el Centro de Procesamiento del Condado de Otero.
El congresista Gabe Vásquez apoyó la ley y enfatizó la importancia de construir comunidades seguras sin generar desconfianza hacia la aplicación de la ley. “Queremos comunidades seguras, no desconfianza hacia la aplicación de la ley”, aseguró durante una presentación pública sobre los beneficios de la nueva legislación.
Este cambio legislativo también tendrá repercusiones económicas, dado que el Centro de Procesamiento del Condado de Otero genera ingresos significativos para la región, incluyendo más de 1.6 millones de dólares en impuestos y aproximadamente 17 millones de dólares anuales en salarios para 260 empleados.
La senadora estatal Crystal Brantley no ha proporcionado comentarios sobre cómo esta ley puede afectar el financiamiento federal ni las instalaciones de detención actuales. A medida que se implementen estas políticas, se espera un seguimiento continuo sobre su impacto y efectividad en la región.
