Mérida, Yucatán. - El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Yucatán aprobaron adjudicaciones directas para obras y servicios por un total de más de 2 millones de pesos, sin requerir licitación pública. Esta decisión ha generado preocupación por la falta de transparencia en el proceso.
El documento que refleja estas medidas fue publicado en el Diario Oficial del Estado y está firmado por la magistrada presidenta Erika Torres López. Se dictaminó que se podrán otorgar contratos por un monto máximo de 2 millones 183 mil 687 pesos más IVA, lo que permite que una misma obra esté dividida en múltiples contratos directos.
La aprobación de estos contratos directos ha suscitado inquietudes entre diversos sectores de la sociedad, ya que podría beneficiar de manera puntual a ciertos empresarios, careciendo de la supervisión adecuada que brinda un proceso de licitación abierto. Esta situación recuerda la manera en que opera el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura.
Las críticas no se han hecho esperar, pues existe un llamado a realizar estos contratos de forma más transparente y con mayor participación ciudadana. La decisión se enmarca en un contexto político donde la vigilancia sobre la administración de recursos públicos es más necesaria que nunca.
Se prevé que este tema continúe generando debate y que se exijan mecanismos más claros en la gestión de los contratos autorizados. La comunidad espera una respuesta y posibles acciones para evitar irregularidades en el futuro.
