Guadalajara, Jalisco. - El reciente aumento de tarifas del transporte público en Guadalajara, que pasó de 9.50 a 14 pesos, ha desatado una ola de protestas públicas y cuestionamientos hacia el gobierno estatal. Este fin de semana, cientos de ciudadanos marcharon en rechazo a la medida, generando un nuevo desafío para las autoridades.
La marcha del domingo, organizada por la Asamblea Popular contra el Tarifazo, fue la segunda en menos de 48 horas. El sábado, un grupo similar recorrió el centro de la ciudad exigiendo revisar el esquema de pago y mantener tarifas accesibles. La nueva política incide especialmente en la tarifa preferencial, que solo se aplica a quienes utilizan la tarjeta bancaria "La Única", obligando a los usuarios a registrarse y proporcionar datos personales.
Organizaciones civiles han expresado su preocupación ante el nuevo modelo, que además de requerir un registro, implica un costo mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa. Si se logran cinco millones de usuarios, se estima que el costo anual de operación podría superar los 327 millones de pesos, recayendo estos costos en el erario público.
El Congreso de Jalisco ha instado al gobernador Pablo Lemus a vetar el aumento y realizar una auditoría del servicio de transporte y el contrato con Servicios Broxel, la empresa responsable de la tarjeta. Además, se han recolectado alrededor de 5,900 firmas para solicitar un plebiscito que examine la legitimidad del subsidio condicionado al uso de la tarjeta.
Este escenario se enmarca en antecedentes de controversias relacionadas con la empresa Broxel, que ha enfrentado demandas en el pasado por irregularidades en la entrega de vales. A medida que la oposición se intensifica, los grupos inconformes han anunciado su intención de continuar con movilizaciones y acciones legales para revertir el aumento.
A raíz de esto, se prevé una creciente presión para que el gobierno estatal reconsidere sus decisiones y busque alternativas que no perjudiquen a los usuarios del transporte público.
