Benito Juárez, Quintana Roo. - En un ejercicio democrático, los habitantes de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos votaron en 2022 por revocar la concesión de Aguakan, pero la empresa continúa operando el servicio de agua potable a pesar del rechazo popular.
La consulta reflejó un descontento generalizado por las tarifas elevadas y la deficiencia del servicio. La decisión de la comunidad fue clara, con un amplio margen en contra de que Aguakan continuara a cargo del servicio. Sin embargo, las autoridades estatales y el Poder Judicial han permitido que la empresa mantenga su operación, generando frustración.
Un juez federal falló en contra de un amparo presentado por Aguakan, anulando la prórroga de 2014 y ratificando que la concesión original vencería el 31 de diciembre de 2023. Pese a esto, la empresa apeló a un Tribunal Colegiado, lo que prolonga el conflicto legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no atraer el caso, dejando la resolución en manos de instancias inferiores.
Activistas y organizaciones sociales ven la consulta como un llamado a frenar años de abuso en la gestión del agua. El Congreso de Quintana Roo aprobó un decreto para devolver el control del agua a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), pero la respuesta de Aguakan ha sido implementar juicios de amparo que garantizan su continuidad.
La situación actual es crítica, con tarifas elevadas que afectan a millones de ciudadanos mientras persiste un litigio prolongado. Grupos civiles abogan por que la SCJN asuma el caso para aclarar el carácter constitucional del derecho al agua y la autoridad de la voluntad popular en la revocación de concesiones.
La disputa por el agua en Quintana Roo ha desencadenado un complejo debate sobre derechos humanos y el poder de las corporaciones. La resolución de esta situación sigue siendo incierta, y la espera se prevé larga, con el futuro de los servicios de agua a la vista.
