Villahermosa, Tabasco. - Daniel Arturo Casasús, secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en Tabasco, asignó casi 12 millones de pesos en contratos a empresas vinculadas a prácticas de facturación simulada. Las adjudicaciones se destinaron a Construagregados Hopelchén y Comercio y Construcción de Tabasco, consideradas factureras por el SAT.
Una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala que estas empresas forman parte de la red conocida como “La Barredora Guinda,” con conexiones con la familia de Hernán Bermúdez Requena, exjefe de seguridad en la entidad. Las beneficiarias son acusadas de carecer de activos y personal para realizar las obras contratadas.
Los contratos fueron firmados el 6 de diciembre de 2024, durante la gestión de Daniel Arturo Casasús, quien tenía bajo su dependencia a Pablo Jiménez Pons, yerno de Hernán Bermúdez. Documentos oficiales indican que las instalaciones de las empresas favorecidas están ligadas al grupo familiar del exfuncionario, y algunos trabajadores tienen relación con esta estructura.
El Servicio de Administración Tributaria determinó que las empresas en cuestión no poseían la capacidad operativa necesaria para realizar las obras de construcción, que incluían aulas escolares en Centro y Comalcalco. La investigación fiscal resultó en la inclusión de estas compañías en una lista de simuladoras por el ejercicio 2025.
A pesar de las acusaciones y la solicitud de comentarios por parte de la organización civil, Casasús no ha respondido sobre la selección de estos proveedores. El secretario ha ocupado varios puestos desde el inicio del actual sexenio y su carrera política incluye roles como secretario particular del gobernador Javier May Rodríguez y delegado de programas sociales en Tabasco.
