Culiacán, Sinaloa. - La violencia en el estado ha escalado con un atentado reciente contra Sergio Torres, líder estatal de Movimiento Ciudadano, y la diputada Elizabeth Montoya. Ambos se encuentran en estado crítico, reflejando la inestabilidad de la seguridad pública en la región.
Las balas no distinguen entre figuras de poder ni ofrecen protección a quienes deberían estar a salvo. En un contexto donde el discurso oficial se basa en una supuesta mejora de la estrategia de seguridad, la realidad pone en evidencia los fracasos persistentes. El ataque, que ocurrió en plena luz del día, desafía cualquier intento de control del crimen organizado.
El parte oficial de la Secretaría de Seguridad, que reportó "tres heridos", incluido un escolta, contrasta con la gravedad del incidente. La falta de efectividad en la protección de los líderes políticos es alarmante y resalta el deseo del crimen organizado de manifestar su control sobre el territorio, incluso en las regiones más vigiladas.
Las reacciones políticas posteriores al atentado han sido previsibles, con reiteradas condenas y promesas de acción. Sin embargo, la declaración del gobernador Rubén Rocha Moya sobre la creación de un operativo responde más a la presión del momento que a un plan sustantivo para abordar las causas del problema. La historia demuestra que los operativos llegan tardíamente, reflejando la ineficacia del sistema.
Ante el escenario actual, el gobierno federal ha prometido una reestructuración en su estrategia de seguridad. A pesar de la llegada de una "célula especializada", la pregunta persiste: ¿dónde estaba la inteligencia que debería haber prevenido el ataque? Mientras no se logre un cambio real, la suma de promesas sólo se convierte en un eco vacío en los pasillos de la política.
