Tequila, Jalisco. - Un esquema de cobros extraordinarios por parte del Ayuntamiento ha sido expuesto, donde la presión sobre empresarios se convirtió en una práctica común. Las inspecciones sorpresivas y revalúos prediales súbitos se utilizaron como métodos coercitivos para obtener pagos.
Los expedientes federales indican que al menos diez empresas enfrentaron hostigamiento, con cobros que alcanzaron decenas de millones de pesos. En un caso, la cifra superó los 60 millones. Las amenazas incluían la posible clausura de empresas y la retención de licencias, lo que generó un ambiente de temor entre los contribuyentes.
La administración disfrazó sus acciones de legalidad, combinando multas con impuestos y cambiando requisitos de manera arbitraria. Este sistema de extorsión se camufló con documentos oficiales, haciendo difícil para los empresarios presentar defensa ante las demandas del municipio.
La reciente detención del alcalde, Diego Rivera, ha cambiado la narrativa pública sobre estos cobros. Mientras se implementaba este esquema, el respaldo político era evidente, pero con su arresto, se ha declarado la intolerancia ante la corrupción, lo que pone en entredicho la ética administrativa.
Se espera que la justicia continúe su labor de auditoría ante una situación que dejó al descubierto la falta de control político. La revelación de estos actos abre la puerta a un mayor escrutinio de las prácticas administrativas en Tequila.
