Mérida, Yucatán. - La situación de la justicia en Yucatán ha suscitado preocupaciones debido a la concentración de poder en la figura de Felipe Saidén Ojeda. La estructura de seguridad pública se ha unificado bajo su mando, lo que elimina los necesarios contrapesos en un Estado de Derecho.
La justicia se percibe ahora como una concesión y no como un derecho ciudadano. La aprobación de esta unificación por parte de la federación genera incertidumbre entre la sociedad yucateca, al carecer de mecanismos efectivos de rendición de cuentas ante abusos de poder. Este cambio debilitó el sistema de supervisión democrático.
Alejandro Ríos Covián, nuevo delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), representa un movimiento que refuerza este control. Históricamente vinculado a Saidén, su designación ha suscitado críticas sobre la independencia de la FGR y su capacidad para investigar delitos de manera objetiva.
La influencia de Saidén no se limita al ámbito burocrático; se extiende a un control territorial significativo. En al menos el 85% de los municipios de Yucatán, los policías municipales dependen operativamente de su estructura. Esto implica que decisiones de seguridad clave se toman sin la supervisión adecuada por parte de las autoridades locales.
La falta de controles externos revela un entorno propicio para la impunidad. La concentración de poder ha resurgido preocupaciones sobre la protección de intereses personales en el contexto de delitos ambientales y otras actividades ilícitas en la costa yucateca, lo que complica la posibilidad de justicia efectiva.
