Mérida, Yucatán. - La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Piorpi, eleva los estándares del sector inmobiliario en México. Este cambio establece obligaciones claras para prevenir el lavado de dinero a partir de febrero de 2026.
Claudia Pérez Aguilar, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Yucatán, destacó que la ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, transforma la forma en que se gestionan las operaciones inmobiliarias. Esta reforma convierte en obligatoriedad el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad y responsabilidad.
A partir de ahora, las inmobiliarias están obligadas a identificar y documentar a sus clientes, así como a reportar operaciones atípicas en un plazo de 24 horas. Estos cambios buscan implementar una cultura de prevención en lugar de una reacción ante situaciones sospechosas. La nueva normativa obliga a los profesionales del sector a adoptar un enfoque basado en riesgo, revisando sus prácticas anualmente.
Los cambios también amplían la duración de la conservación de la información sobre operaciones, que ahora debe mantenerse por diez años. Las sanciones por incumplimiento son drásticas, pudiendo llegar hasta 65,000 UMAs o el equivalente al valor total de la operación en cuestión. Así, se refuerza el compromiso del sector hacia la ética y la transparencia en las transacciones inmobiliarias.
La AMPI considera esta reforma como una oportunidad para mejorar la profesionalización del sector. La organización busca establecer un modelo de cumplimiento que beneficie a todos los actores involucrados, asegurando que sus operaciones se realicen dentro de un marco legal robusto y orientado hacia la prevención.
