Mérida, Yucatán. - La Ley del Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios de Yucatán ha entrado en vigor, poniendo fin a la informalidad en la venta y renta de bienes raíces. Esta normativa exige que los intermediarios cuenten con una licencia oficial, iniciando un proceso de certificación que busca regular un sector en crecimiento.
La ley establece que todos los asesores inmobiliarios deben obtener su licencia mediante una capacitación oficial de hasta 50 horas administrada por el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Solo aquellos que finalicen los cursos podrán ejercer legalmente, asegurando que cada transacción esté registrada y sea trazable.
A pesar de las nuevas regulaciones, solo un pequeño porcentaje de los intermediarios inmobiliarios se ha certificado. De aproximadamente cinco mil personas en la intermediación, solo 400 han asistido a los cursos. La barrera de entrada se considera alta, ya que incluirá costos adicionales para la implementación de equipos tecnológicos necesarios para formalizar operaciones.
Esta normativa está respaldada por una reforma federal a la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual exige estándares más estrictos en el sector. Las obligaciones de reportar montos sospechosos y la conservación de documentos se amplían, incrementando la transparencia y la legalidad en las operaciones inmobiliarias.
La intensificación de estas regulaciones responde a la necesidad de enfrentar flujos de capital de origen incierto en Yucatán, un estado que ha visto un auge inmobiliario en años recientes. Con este nuevo marco regulatorio, se espera que las prácticas fraudulentas sean limitadas, mejorando la confianza de los consumidores y la seguridad jurídica en el sector.
