Mérida, Yucatán. - La Asociación Mexicana de la Industria Turística de Yucatán (Amity) ha solicitado al Congreso del Estado que se establezca el delito de "fraude turístico" en la legislación local. Este fenómeno ha crecido de manera alarmante, posicionando a Yucatán en el tercer lugar nacional en incidencia de este ilícito, según informó su presidenta, Rosa Isela García Pantoja.
La presidenta de Amity destacó que tras la entrega de la solicitud en el Poder Legislativo, los diputados han mostrado mayor disposición para abordar este problema. La reunión con la Comisión de Turismo sirvió para resaltar la gravedad del asunto y se comprometieron a organizar mesas de trabajo para definir una figura jurídica específica en lugar de tratar estos casos como delitos comunes.
El documento presentado indica que el fraude turístico ha causado pérdidas significativas en el sector, con estimaciones de 800 millones de pesos en 2024 y 850 millones en 2025. Este tipo de fraude es frecuentemente perpetrado por agencias de viajes, organizadores de eventos y operadores turísticos que operan sin licencias adecuadas, lo que amplifica el riesgo para los consumidores.
Amity enfatizó que la falta de tipificación del fraude turístico ha dejado a los afectados sin sanciones efectivas para los infractores, generando vacíos legales que dificultan la persecución penal. En lo que va del año, se ha documentado al menos un caso de fraude en una agencia de viajes establecida, que afectó a turistas locales e internacionales, dañando tanto su patrimonio como la reputación del destino.
Con este panorama, la asociación solicitó al Congreso cuatro acciones clave: tipificar el fraude turístico, establecer sanciones claras, garantizar la legalidad para empresas formalmente establecidas y proteger el desarrollo económico del turismo, que representa el 16.5% del Producto Interno Bruto estatal. La tipificación es vista como una medida necesaria para fortalecer la confianza en el sector y asegurar la competitividad de Yucatán en el ámbito turístico.
