Washington, D.C. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar las estructuras financieras que respaldan a los cárteles mexicanos, especialmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los fiscales han identificado nuevas tácticas que emplean los cárteles para el lavado de dinero, aprovechando las criptomonedas y redes financieras que operan desde ciudades estadounidenses.
Los grupos criminales han adaptado sus estrategias debido a la creciente presión de las autoridades, que ahora se enfocan no solo en el narcotráfico, sino también en el financiamiento de estas organizaciones. Utilizan intermediarios que convierten dinero en efectivo en activos digitales, facilitando el envío de fondos a líderes criminales en México y evitando así la detección por parte de las fuerzas del orden.
A. Tysen Duva, fiscal general adjunto, comentó: “Si cortas el dinero, dañas a los cárteles, y eso es lo que tratamos de hacer”. Esta declaración refleja el objetivo del DOJ de afectar la economía de las organizaciones criminales, que es esencial para sus operaciones. El uso creciente de criptomonedas para el lavado de dinero representa un desafío significativo, permitiendo a los cárteles mover recursos de forma más eficiente y discreta.
Las autoridades han comenzado a transferir acusados desde México a Estados Unidos para enfrentar cargos por conspiración para lavar dinero. Recientemente, cuatro individuos fueron trasladados a un tribunal federal en Kentucky, donde se les imputa supervisar el movimiento de ganancias del narcotráfico. Estas transferencias han generado un debate legal en México sobre su legalidad y el proceso involucrado, sin embargo, el gobierno mexicano defiende la acción como una medida de seguridad nacional.
La estrategia del DOJ de integrar fiscales de narcóticos con expertos en lavado de dinero busca desarticular las redes financieras de los cárteles y frenar el flujo de capital que los sostiene. Las implicaciones para México y Estados Unidos incluyen un aumento en la cooperación judicial y potenciales nuevas acusaciones contra líderes de cárteles. La presión sobre las redes de lavado de dinero podría provocar cambios significativos en la dinámica del crimen organizado en la región.
