Santa Catarina, Argentina. - El transporte fluvial, con su capacidad de mover la carga de 1.000 camiones usando solo 20 barcazas, presenta una propuesta de eficiencia energética notable. Sin embargo, permanece subutilizado debido a complejas regulaciones y altos costos logísticos.
La Ley de Cabotaje Nacional, vigente desde 1944, reserva el transporte entre puertos argentinos para buques de bandera nacional. Esta normativa implica que las operaciones fluviales deben ser realizadas por tripulaciones argentinas, lo que afecta la disponibilidad y competitividad del sector.
Como consecuencia, el alto costo asociado a esta regulación y la escasez de bodegas argentinas han llevado a que trasladar carga por rutas fluviales sea más caro que por carretera. Esta situación desvirtúa las ventajas inherentes del transporte fluvial, que podría reducir costos hasta en un 32% en comparación con el terrestre.
En la actualidad, solo algunos puertos en la región utilizan buques extranjeros bajo "Certificados de Excepción a la Ley de Cabotaje". Esta medida temporal deja poco margen para la planificación a largo plazo y limita el desarrollo del transporte fluvial.
Las propuestas para modificar la ley de cabotaje buscan facilitar excepciones en la contratación de personal y la regulación de buques argentinos que optan por banderas extranjeras. La implementación de cambios que promuevan esta modalidad de transporte sería clave para mejorar la competitividad de las economías regionales, potenciando las oportunidades de mercado.
