Mina, Nuevo León. - Decenas de personas se manifestaron en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, demandando justicia por el presunto despojo de terrenos en el proyecto comunitario "Nueva Huasteca". Las familias afectadas compraron sus lotes en 2018, pero enfrentan graves situaciones tras el desalojo ocurrido en septiembre de 2025.
Óscar Soto Gallegos, portavoz de los afectados, indicó que alrededor de 600 familias adquirieron tierras de buena fe, muchas de ellas incluso construyeron casas. Relató que el propietario, Marcelo Gómez, realizó un desalojo violento con personas armadas, otorgando poco tiempo a las familias para evacuar sus hogares.
El conflicto surgió de una disputa legal entre el propietario y un abogado, Oliverio, quien supuestamente tenía autorización para vender los terrenos. Soto Gallegos destacó que los compradores no estaban al tanto de esta lucha legal y procedieron con la compra de manera honesta.
Aseguró que en el área ya existía una comunidad consolidada, con servicios básicos y actividades comunitarias, incluyendo familias originarias de San Luis Potosí y Veracruz. La inversión de su familia en el proyecto fue considerable, con montos que oscilan entre 400 mil pesos y 2.5 millones de pesos para otros afectados.
Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, confirmó la apertura de una carpeta de investigación sobre el caso, añadiendo que están cerca de alcanzar una resolución. Informó que la Fiscalía está en contacto con los agentes correspondientes y garantizarán la comunicación con las víctimas.
