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Empresario de San Pedro acusado de fraude millonario

Empresario de San Pedro Garza García enfrenta acusaciones de fraude por 57 millones de pesos relacionados con inversiones en Tulum.

La denuncia revela un esquema de engaño en inversiones inmobiliarias por 57 millones de pesos.
Pedro Miguel Babb es uno de los señalados por presunto fraude inmobiliario / Foto: Especial

Monterrey, Nuevo León. - Un empresario de San Pedro Garza García enfrenta graves acusaciones de fraude millonario tras la denuncia de una de sus víctimas, quien asegura haber sido engañada en un esquema de inversión inmobiliaria por más de 57 millones de pesos. La representación legal de la afectada ha proporcionado detalles sobre cómo se concretó este supuesto fraude.

El abogado Gabriel Garza Fernández, que representa a la víctima, indicó que la denuncia penal fue presentada en nuevo-leon/">Nuevo León contra tres individuos: Pedro Miguel Babb Villarreal, José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández. Estos presuntos involucrados ofrecieron una atractiva oportunidad de inversión en un terreno en Tulum, Quintana Roo, que prometía alta plusvalía.

La víctima, al carecer de liquidez, optó por aportar un departamento para integrarse al proyecto. Sin embargo, al no haber avances en la construcción y tras múltiples intentos de recuperar su inversión, la denuncia se formalizó. Los recientes hallazgos apuntan que el terreno en cuestión no tiene construcción ni permisos necesarios, lo que sustentó la presentación de la querella.

El proceso legal ha enfrentado obstáculos, dado que un juzgado federal en Tamaulipas ha intervenido en la carpeta de investigación. Los acusados lograron obtener un amparo en Matamoros, lo que les ha permitido evitar su detención y ha dejado a la víctima en un estado de indefensión, según el abogado defensor. Esta estrategia, argumenta, ha complicado el avance del proceso penal en Nuevo León.

Además, se ha señalado que existen más personas afectadas por esquemas similares, no únicamente en Nuevo León, sino en otras regiones del país. El modus operandi revelado incluye adquirir derechos sobre inmuebles en situación irregular y crear empresas para atraer inversionistas, dejando los proyectos sin desarrollo y dificultando la recuperación del capital invertido.

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