Santander, España. - La Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel y el pago de más de medio millón de euros en multa a un empresario acusado de no abonar las cotizaciones sociales de sus trabajadores a la Seguridad Social entre 2014 y 2017. También demanda una indemnización de 167.000 euros a la Tesorería General por un delito de fraude.
La acusación particular ha elevado la pena solicitada a seis años de prisión y una multa de 375.697 euros, además de una indemnización de un millón de euros. La Fiscalía sostiene que el acusado creó un entramado de empresas con el objetivo de eludir el pago de las cotizaciones, complicando la labor de control de la Seguridad Social.
El caso detalla que una de las empresas, dedicada al comercio de ferretería, contaba con seis trabajadores pero nunca cumplió con sus obligaciones de cotización. A pesar de que formalmente carecía de infraestructura adecuada, las actividades eran realizadas mediante otras sociedades sin empleados ni equipos, lo que resultó en la evasión de 167.000 euros en cuotas.
La acusación particular enfatiza que la operación del acusado es una "pura ficción jurídica". Este desarrollo empresarial incluye la fabricación de piensos y otros productos agropecuarios, con trabajadores que, aunque estaban dados de alta en la empresa de ferretería, realizaban tareas múltiples en diferentes actividades y recibían sus salarios sin registrarlos adecuadamente.
La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de fraude a la Seguridad Social, sugiriendo además medidas como la pérdida de acceso a subvenciones y ayudas públicas. El juicio está programado para comenzar este martes y es un caso significativo en el contexto de la protección de derechos laborales y la correcta recaudación de contribuciones.
