Con el 99.86 por ciento de las actas capturadas, la coalición PRI-UDC obtuvo 684,211 votos —el 55.02 por ciento de la votación total— frente a 325,824 sufragios de Morena-PT, que apenas alcanzó el 26.20 por ciento. El resultado fue tan contundente que el Partido Revolucionario Institucional se proclamó vencedor en las 16 diputaciones de mayoría relativa que estaban en disputa. Carro completo. Barrida. Mapa pintado de tricolor. Lo que se quiera llamar: el lenguaje de los números no admite matices cuando la diferencia supera los veintiocho puntos porcentuales.
La participación ciudadana superó el 50 por ciento, muy por encima del 39 por ciento registrado en la elección de diputados locales de 2020. Eso, más que cualquier eslogan, es el dato que incomoda a Morena y que debería hacerle pensar dos veces antes de hablar de “QRgate”: cuando la gente sale a votar en esa proporción, no lo hace bajo coacción. Lo hace porque alguien le ha dado razones para hacerlo. Esa persona NO es Alejandro Moreno Cárdenas.
El presidente nacional del PRI —cuya legitimidad interna es, en el mejor de los casos, cuestionada— salió a las cámaras con la velocidad de quien lleva meses esperando exactamente este momento. En conferencia de prensa, afirmó que el resultado “mandó un mensaje” rumbo a 2027 y aseguró que “ni con todo el poder del gobierno, ni con todo el dinero” lograron doblar la decisión de los coahuilenses. El discurso fue potente. Lástima que no correspondía a él pronunciarlo.
La victoria del 7 de junio tiene nombre, apellido y expediente de gestión: Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila desde el 1 de diciembre de 2023. Al cierre de 2025, la encuestadora Cipreso lo señalaba como el mandatario con mayor aprobación ciudadana en el histórico anual. RUBRUM le otorgaba el nivel más alto de aprobación en desempeño y la mejor calificación en seguridad pública entre todos los gobernadores de México. GobernArte, por su parte, lo ubicó en la segunda posición nacional en el índice de aprobación gubernamental.
Esos números no son adorno de página. Son la explicación causal del resultado electoral de este domingo.
A un año de asumir el cargo, Manolo Jiménez alcanzó 80 por ciento de aprobación según Reforma, con un arranque de 73 por ciento a los cuatro meses —una trayectoria ascendente que refleja no el entusiasmo inaugural, sino la evaluación acumulada de resultados concretos. Los coahuilenses que fueron a las urnas no votaron por el tricolor como símbolo histórico ni por la mística de un partido que lleva décadas en declive nacional. Votaron por lo que han visto en su estado: obras, seguridad relativa, gobernador presente y resultados palpables.
La diferencia conceptual importa porque tiene consecuencias prácticas. Si el PRI nacional lee esta elección como una validación de su liderazgo, cometerá el mismo error de diagnóstico que ha cometido cada vez que Coahuila le ha dado un resultado favorable: confundir la marca con el producto. Las encuestas de salida de Gaussc, Pulso Social y Mitofsky al cierre de la jornada perfilaron una amplia victoria de la coalición PRI-UDC en las cuatro regiones del estado —Norte, Laguna, Sureste y otras— con ventajas consistentes en todos los frentes.
Esa consistencia territorial no se construye desde la Ciudad de México.
Se construye desde el palacio de gobierno de Saltillo, calle por calle, obra por obra.
Coahuila es el último bastión real del PRI en México. Pero su resistencia no es ideológica sino gubernamental. El partido sobrevive ahí donde se gobierna bien, no donde grita más fuerte. Y esa es precisamente la lección que Alito Moreno debería aprender antes de arrogarse victorias ajenas: los votos del domingo no fueron un mensaje hacia 2027. Fue el pago hacia quien sí cumplió.
