Tijuana, Baja California. - Una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue detenida y se encuentra en prisión preventiva por su supuesta participación en el despojo violento de una casa. El incidente, ocurrido el 24 de mayo, involucró el uso de la fuerza para intentar desalojar a los inquilinos, quienes fueron amenazados y golpeados.
La agente, identificada como Roselia y de 52 años, estaba adscrita a la Unidad de Violencia Familiar en Tijuana. Durante la intervención policial, ella y tres cómplices fueron arrestados y se les imputaron delitos de allanamiento, daño a la propiedad y lesiones. Un juez dictó prisión preventiva para la funcionaria, quien estaba encargada de atender a mujeres víctimas de violencia.
Las víctimas del despojo son familiares de un hombre fallecido, propietario de la casa en cuestión. Tras su muerte, su hija y hermanos iniciaron un juicio sucesorio y, en una resolución judicial, se les adjudicó el 50% de los derechos de la propiedad. Sin embargo, su madre, Irania Francisca, junto a Roselia, intentaron desalojarlos con violencia, rompiendo candados y utilizando herramientas.
Testigos reportaron que durante el desalojo, Roselia amenazó a los inquilinos con que debían abandonar la casa. La hija de Irania, una joven de 18 años, fue clave en la denuncia, proporcionando información sobre la relación entre su madre y la funcionaria de la FGE. Se mostraron inconsistencias en las versiones de los acusados, destacando un testimonio que describe cómo el inquilino fue sometido y obligado a firmar un documento sin poder leerlo.
La situación ha generado gran atención mediática debido a la implicación de una funcionaria pública en un acto delictivo grave. Se espera que el caso avance en la justicia, con posible impacto en las regulaciones sobre el uso de la fuerza en desalojos.
