Culiacán, Sinaloa. - La aprehensión del canadiense Ryan J. Wedding, señalado como líder de una red de tráfico de cocaína con vínculos al cartel de Sinaloa, genera inquietudes sobre la gobernabilidad en México. Esta detención ha suscitado tanto desmentidos como descargos por parte del gobierno mexicano.
Kash Patel, director del FBI, afirmó que la captura fue resultado de un operativo “conjunto”. Sin embargo, el Palacio Nacional contradice esta versión al exhibir una fotografía del fugitivo frente a la embajada canadiense, lo cual se ha debatido sobre su autenticidad, sugiriendo que podría ser un montaje producido por inteligencia artificial. El abogado de Wedding respalda la versión del FBI, argumentando que su cliente no se entregó.
La situación se complica al considerar que la relación entre México y Estados Unidos ha cambiado en varios frentes. Desde la restricción de ventas de petróleo a Cuba denunciada por Donald Trump hasta la extradición de casi 90 capos, donde ha primado la voluntad de las autoridades estadounidenses. Estas acciones elevan las preocupaciones sobre la soberanía y la capacidad del sistema judicial mexicano.
El actual gobierno ha sido acusado de facilitar la injerencia extranjera, un fenómeno que no siempre implica el uso de la fuerza militar, sino que se manifiesta como un control indirecto. Las decisiones tomadas parecen responder más a la presión externa que a una estrategia nacional. Resulta evidente que el modelo de gobernanza enfrenta serias críticas por negligencias en la lucha contra el crimen organizado.
La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta presiones internas y externas que erosionan su posición. La falta de claridad y cohesión en su comunicación pública ha contribuido a su desarticulación. La dinámica actual plantea interrogantes sobre el futuro de la “cuarta transformación” y la percepción de la gobernabilidad.
