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Funcionario de la SEP en Puebla vinculado por violencia y desaparición

Un funcionario de la SEP en Puebla es vinculado a proceso por violencia vicaria y desaparición forzada de su hijo.

La denuncia de su expareja destapa un caso de violencia vicaria y sustracción de menor.
Vinculan a proceso a funcionario de la SEP en Puebla por violencia vicaria y desaparición / Foto: Especial

Puebla, Puebla. - Luis Enrique “N”, funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha sido vinculado a proceso por un juez local tras acusaciones de sustracción de menor, violencia vicaria y desaparición forzada de su hijo de un año y ocho meses. La decisión judicial sigue a una denuncia presentada por su expareja, Angélica “L”, quien no ha tenido contacto con el menor en aproximadamente ocho meses.

La denuncia incluye alegaciones adicionales de violencia familiar. El juez Joel Daniel Baltazar Ávalos decidió vincular a proceso al acusado y ordenó la búsqueda inmediata del niño. Para su defensa, la Fiscalía presentó información que sustentó los delitos imputados, lo cual llevó al juez a establecer medidas cautelares.

Como parte de la resolución, Luis Enrique “N” deberá firmar periódicamente ante la autoridad judicial y pagar una fianza de 80 mil pesos. Además, se le prohíbe salir del país y tiene restricción para acercarse a las víctimas y testigos del caso. El juez le ha ordenado también asistir a terapias psicológicas.

El conflicto legal entre el funcionario y Angélica “L” se inició el año pasado, cuando ella denunció presunta violencia familiar y sustracción de menores. En julio de 2025, Angélica “L” había denunciado que su hijo fue sustraído violentamente. Previo a la vinculación, existía ya una carpeta de investigación por abusos físicos en su contra.

Las recientes detenciones relacionadas con el caso incluyen a Raúl Andrade Osorio, abogado de Angélica “L”. Su arresto, por supuestas amenazas a Luis Enrique “N”, fue breve, ya que no se comprobó la acusación y se alegó violación a sus derechos humanos durante la detención. La situación del menor sigue siendo crítica, sin claridad sobre su paradero, y las autoridades deben abordar esta cuestión en el marco del proceso judicial en curso.

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