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Prohíben el uso de jammers en México para combatir el crimen

México prohíbe jammers para combatir robo de vehículos y mejorar seguridad. La legislación busca frenar el uso de tecnología en delitos.

La nueva reforma busca frenar el robo de vehículos usando inhibidores de señal.
Tras la detección de inhibidores de señal, las autoridades implementaron prohibiciones legales para reducir casos. (Jovani Pérez/ Infobae México) / Foto: Especial

Cdmx, Ciudad de México. - Las autoridades implementaron una reforma que prohíbe el uso de jammers, dispositivos que bloquean señales de comunicación, utilizados por grupos delictivos para facilitar el robo de vehículos y otros delitos. Esta medida busca enfrentar el creciente uso de tecnología avanzada por parte de organizaciones criminales.

La reforma, anunciada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en 2020, entró en vigor el 25 de enero de ese año, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con la modificación, se incluyó un nuevo artículo en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, prohibiendo la fabricación, comercialización, portación y uso de estos equipos en territorio nacional.

Los jammers anulan sistemas de rastreo, dificultando la localización de vehículos por parte de sus propietarios y autoridades. El objetivo de la ley es limitar el uso de estos dispositivos a las instituciones de seguridad y control, como centros de reinserción social y fuerzas de seguridad pública.

La reforma también establece la obligación de destruir los dispositivos incautados y un plazo para que los particulares entreguen los equipos a la SSPC. Esta iniciativa fue apoyada por el Congreso, destacando su importancia para mejorar la seguridad y fortalecer la respuesta del Estado ante la delincuencia tecnológica.

Este cambio legislativo responde al creciente uso de tecnologías por parte de grupos delictivos, que ahora incorporan jammers en sus operaciones en las principales vías del país. La SSPC enfatiza la necesidad de cooperación entre los poderes del gobierno para garantizar su éxito y mejorar los niveles de seguridad en México.

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