Mineral de la Reforma, Hidalgo. - A un año del feminicidio de Rosaura, ocurrido el 5 de febrero de 2025, el caso se encuentra estancado en el proceso penal debido a amparos y diferimientos solicitados por la defensa de Marco Antonio M. G., el exmilitar y expolicía acusado. Rosaura, de 25 años, había denunciado previamente a su agresor por violencia y privación ilegal de la libertad.
Las autoridades que tenían la responsabilidad de proteger a Rosaura no tomaron medidas efectivas para evitar el feminicidio, a pesar de que la víctima había solicitado que no se liberara a Marco Antonio por temor a represalias. La Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo investiga si hubo responsabilidad de funcionarios en este caso, así como en el feminicidio de la madre de Rosaura y el homicidio de su hermano.
Marco Antonio fue aprehendido el mismo día del ataque, donde intentó autolesionarse. Además de ser acusado del feminicidio, enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa contra el padre de Rosaura. A pesar de antecedentes de violencia, en noviembre de 2024 recibió libertad condicional, lo que generó alarmas en su entorno familiar.
La defensa de Marco Antonio ha promovido múltiples amparos que han retrasado el avance del proceso penal. La próxima audiencia intermedia está programada para el 26 de febrero de 2026, donde se presentará el ofrecimiento y exclusión de pruebas. Este estancamiento refleja la vulnerabilidad del sistema judicial en casos de violencia de género y la necesidad de reformas efectivas.
