Ciudad de México. - La nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta una crisis de legitimidad. A pesar de haber surgido del voto popular, la confianza ciudadana se ha visto erosionada por decisiones que contrastan con el discurso de austeridad y cercanía al pueblo promovido por sus integrantes desde su toma de protesta el 1 de septiembre.
Un reciente estudio de la encuestadora México Elige indica que el 62.4% de los ciudadanos califica negativamente el desempeño de los ministros. Esta cifra se desglosa en un 53.1% que considera su gestión como pésima y un 9.3% que la califica como mala, mientras que la aprobación se sitúa en un 37.6%, mostrando un ligero incremento respecto a diciembre de 2022.
Los escándalos por adquisiciones cuestionables han intensificado la desaprobación. La compra de camionetas Jeep Grand Cherokee, con un costo superior a los 2 millones de pesos cada una, generó un fuerte rechazo que llevó al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, a anunciar su devolución tras la indignación pública. Este gasto forma parte de una inversión total de 252 millones de pesos en nuevos vehículos, justificada por fallas en la flotilla anterior.
Además, se ha criticado la compra de 12 togas nuevas en 2025 por un total de 294 mil 547.20 pesos, evidencia de un aparente elitismo que contradice el mensaje de austeridad. También se destinaron 1 millón 254 mil 121 pesos a un ritual de purificación en el Zócalo, que incluyó servicios como baños portátiles y banquetes costosos, lo que ha exacerbado el malestar entre la población.
Las últimas decisiones y gastos de la SCJN han dejado un mal sabor de boca entre los ciudadanos, lo que plantea interrogantes sobre su futuro y cómo conseguirán recuperar la confianza pública.
