San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. - A 30 años de la firma de los acuerdos de San Andrés entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), estos acuerdos se consideran "vigentes" por su relevancia en el reconocimiento de derechos colectivos. Pedro Faro Navarro, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), subraya que se ejercen de facto en comunidades zapatistas.
Faro Navarro destaca que la falta de reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios se debe a intereses económicos del Estado mexicano. A pesar de firmarse tratados relevantes el 16 de febrero de 1996, el Estado continúa en un sistema que prioriza la inversión sobre los derechos territoriales de estas comunidades.
Los acuerdos, según el Frayba, contienen elementos esenciales como la autonomía y la libre determinación de los pueblos. A través de 30 años, muchas comunidades han tomado conciencia de sus derechos y luchan por su reconocimiento en el marco de una historia de resistencia. Esto incluye propuestas de organización colectiva y una relación más directa con la madre tierra y la espiritualidad.
El coordinador también apunta a la necesidad de una revisión del marco legal actual. Aunque se aprobó una ley en 2024 que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho, esta se considera simbólica. La falta de tangible cumplimiento de estos derechos sigue siendo una preocupación para las comunidades que desean decidir sobre sus territorios y un desarrollo que les respete.
Las formas de organización y resistencia indígena, alineadas con el espíritu de los acuerdos de San Andrés, muestran una voluntad de construir un nuevo pacto social con el Estado. Se continúa esperando un reconocimiento efectivo de sus derechos y una relación más equitativa que respete su historia y cultura.
