El Paso, Texas. - Autoridades judiciales de Estados Unidos anunciaron una acusación formal contra altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno mexicano, señalando su colaboración con organizaciones criminales en el tráfico de drogas. Los documentos de la corte indican que estos servidores públicos recibieron sobornos para brindar protección y facilitar operaciones delictivas.
Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York afirman que los implicados permitieron la impunidad del narcotráfico al filtrar información de inteligencia y manipular cuerpos de seguridad. Este desarrollo genera dudas sobre la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses intervengan directamente en México, aunque el derecho internacional y tratados bilaterales impiden acciones unilaterales.
Cualquier intento de intervención sin autorización chocaría con la defensa de la soberanía mexicana. El gobierno mexicano mantiene una postura firme contra las políticas injerencistas y promueve la independencia institucional, rechazando categóricamente cualquier operación armada extranjera en su territorio.
Terrance C. Cole, administrador de la DEA, expresó que estas acusaciones evidencian un sistema de corrupción que desestabiliza las instituciones públicas y aumenta la violencia. Las investigaciones revelan que los funcionarios dirigieron a cuerpos locales para proteger transportes de drogas y facilitar crímenes graves.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, el gobierno de México resalta su compromiso con la autonomía y rechaza presiones externas. La relación bilateral entre ambos países enfrenta un momento crítico, donde la seguridad interior es prerrogativa exclusiva de México, consolidando su posición de respeto mutuo en la cooperación antidrogas.
