Tequila, Jalisco. - Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila y exintegrante del partido Morena, fue detenido este jueves por autoridades federales bajo la acusación de liderar una red de extorsión en el municipio. Las investigaciones señalan su implicación en prácticas ilícitas dirigidas a empresas cerveceras y tequileras, así como presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La escasa información disponible sobre Rivera Navarro complica conocer su trayectoria. En el sitio web del Ayuntamiento, su perfil es el único sin acceso a su currículo, y sus declaraciones patrimoniales están incompletas. Solo se tiene registro de las presentadas en 2023 en la Plataforma Nacional de Transparencia, con evidencia de datos no registrados.
Entre las diversas controversias de su gestión se encuentra la toma del Museo Nacional del Tequila en 2025, que resultó en la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fiscalía General de la República. Las obras de remodelación se realizaron sin la aprobación correspondiente, lo que llevó a la posibilidad de que el comodato del museo fuera retirado al municipio. Rivera Navarro admitió que se realizaron "reparaciones", aunque rechazó las acusaciones en su contra.
Otra polémica relacionada es la detención del camarógrafo Beto García, quien fue arrestado mientras cubría el operativo del museo. Rivera Navarro, mediante un video, se desmarcó del hecho y exigió su liberación, asegurando que su administración no había ordenado ninguna detención.
Adicionalmente, enfrenta denuncias por extorsión de la tequilera José Cuervo. La empresa acusó al alcalde de imponer excesivos cobros del predial y clausurar su destilería debido a un supuesto incumplimiento en licencias. A pesar de un acuerdo entre el gobierno estatal y la empresa que detuvo la clausura, la tequilera presentó una denuncia contra el edil, quien está ahora bajo un mayor escrutinio tras su detención.
Finalmente, Rivera Navarro ha sido acusado de violencia política de género por varias diputadas, quienes denunciaron restricciones en el acceso a espacios oficiales y represalias. Estas acusaciones destacan un patrón de comportamientos coactivos que han deteriorado su imagen pública y el respeto hacia su administración.
