Tequila, Jalisco. - La detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, resalta la impunidad que afecta a los gobiernos locales en México. Una práctica que ha normalizado el uso del poder municipal para extorsionar y violentar a la ciudadanía.
Desde 2018, al menos 25 alcaldes han sido arrestados por sus lazos con organizaciones criminales. Esta situación involucra a mandatarios de distintos partidos políticos, reflejando un problema estructural más que ideológico en la administración pública, donde la línea entre autoridad y delincuencia se ha diluido.
Los municipios son el primer punto de contacto para los ciudadanos en asuntos como robos, violencia familiar y otros delitos. Si el gobierno local se encuentra comprometido, la respuesta a estos problemas se ve gravemente afectada y se perpetúa un ciclo de miedo y control social.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado la culminación del amparo político para delincuentes, pero este pronunciamiento necesita un respaldo tangible. Se requiere de iniciativas que desmantelen redes criminales y que impidan la llegada de candidatos con vínculos ilícitos a los procesos electorales.
De cara a las elecciones de 2024, la seguridad de candidatos se ha vuelto precaria, con documentadas agresiones por parte de grupos criminales. Para cambiar esta narrativa, es fundamental un compromiso firme por parte del gobierno para combatir la corrupción y restablecer el estado de derecho en los ámbitos municipales.
