Municipio, Estado. - Entre 2020 y 2026, al menos 35 alcaldes y cientos de funcionarios municipales en México han sido detenidos o vinculados a procesos por presuntos lazos con el crimen organizado. Este fenómeno, que abarca desde Chiapas hasta Jalisco, revela una estrategia sistemática de los cárteles para infiltrarse en el poder local, facilitando delitos como la extorsión y el narcotráfico.
La crisis afecta a estados como Michoacán, Veracruz y el Estado de México, donde hay evidencia de que autoridades electas operan en complicidad con organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana. Expertos han destacado que esta infiltración ha dejado de ser un problema aislado, convirtiéndose en una amenaza para la gobernabilidad nacional.
Uno de los casos más recientes es el de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por extorsión y vínculos con el CJNG. Su arresto es parte de un patrón creciente; en localidades como Cintalapa y Frontera Comalapa, también se han registrado autoridades arrestadas por nexos con el crimen organizado. La Fiscalía General de la República ha documentado la complicidad de algunos de estos ediles con cárteles en sus regiones.
La “Operación Enjambre”, iniciada en 2024, ha destapado redes de complicidad en diferentes estados, con casos notorios en el Estado de México, donde se han encarcelado funcionarios por homicidios y extorsiones. La falta de autonomía de los municipios se ha convertido en un factor crítico que permite el avance de organizaciones criminales a nivel local.
El analista Guillermo García afirma que la infiltración criminal en los gobiernos locales busca garantizar impunidad y control sobre los recursos públicos. Si el crimen organizado logra capturar el poder en los municipios, disminuye la posibilidad de enfrentar acciones legales, permitiendo un dominio sobre sectores estratégicos y una intervención en el gasto público.
