Saltillo, Coahuila. - Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial de Coahuila, destacó que el modelo “8 de 8 Contra la Violencia” prohíbe que personas con antecedentes de violencia contra mujeres e infancias sean candidatos a cargos públicos. Esta medida se implementará durante las elecciones del 7 de junio.
El magistrado afirmó que esta disposición se consolidó a través de un convenio interinstitucional que involucra al Tribunal Electoral de Coahuila, al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral de Coahuila (IEC). El objetivo es garantizar que las personas con historial de agresiones o deudas alimentarias no puedan participar en elecciones.
Bajo las reglas de “8 de 8”, antes del registro de candidaturas, las autoridades electorales llevarán a cabo verificaciones para asegurar que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos. Miguel Felipe Mery enfatizó la importancia de esta verificación para fortalecer la confianza en el proceso electoral.
El magistrado también mencionó que existen sanciones para aquellos que incumplen obligaciones alimentarias o han sido juzgados por violencia física o psicológica. Estas personas podrían perder la posibilidad de obtener un pasaporte o ser candidatos, lo que resalta la necesidad de congruencia en la vida pública.
Este sistema busca cerrar el paso a agresores y promover un entorno más seguro en la política de Coahuila, asegurando que quienes aspiren a cargos de elección popular cumplan con un estándar que respete los derechos de mujeres y niños.
